Nuevos desafíos frente al Envejecimiento Poblacional
Por Gustavo J. Pérez *
Mis saludos para todos y todas.
Frente a la propuesta de reflexionar sobre nuevos desafíos, que presenta el envejecimiento poblacional, me siento convocado a dar cuenta, de algunas cuestiones que he estado pensando desde hace un tiempo, y que con gusto trataré de compartir en este foro junto a los aportes efectuados por los compañeros y las observaciones vertidas por el Profesor Dr. Hugo Valderrama.
El envejecimiento poblacional es ya hoy, en buena parte del mundo, un problema serio y complejo. En las próximas décadas, esa complejidad irá en aumento, especialmente si todos, y cuando digo todos, incluyo al Estado, la sociedad en su conjunto y a cada uno de nosotros desde nuestra singularidad, no llevamos adelante algunas acciones, absolutamente necesarias.
El envejecimiento poblacional, nos implica desafíos y riesgos nuevos y desconocidos para la historia de la humanidad. El proceso de envejecimiento y el mismo envejecimiento poblacional, dan cuenta ya de un cambio inédito, dónde, en las próximas décadas y a diferencia de lo que sucedía a lo largo de la historia, entraremos en una etapa a nivel global dónde la tasa de nacimiento será la más baja nunca antes igualada y, el número de adultos mayores se multiplicará varias veces y en buena proporción.
Me limitaré a concentrarme en América Latina, y en Argentina en mi análisis, aunque en todo el mundo, en más o en menos, el problema del envejecimiento poblacional es de absoluta actualidad.
En América Latina la estructura demográfica está siendo alterada con fuerza por el proceso de envejecimiento de la población. Por supuesto que esta perturbación no tiene su origen en un cuadro demográfico homogéneo, dado que los distintos países latinoamericanos atraviesan en su proceso de envejecimiento poblacional distintos ritmos, heterogéneos y no homogéneos, lo cual desde ya nos habla de contrastes en sus realidades. Incluso dentro de esos mismos países en muchos casos podríamos señalar importantes contrastes regionales.
A pesar de estas diferencias insistimos, resulta común y homogéneo en todos ellos, el hecho de planificar, instrumentar, aplicar y llevar adelante políticas públicas y acciones que, frente al envejecimiento poblacional, nos permita evitar desde el punto de vista social, económico, socio cultural y socio sanitario, muertes prevenibles, que nos permita sostener y mejorar aún con creces el derecho de todos a la autonomía e independencia, previniendo de esta manera la discapacidad y, mejorando como política de estado inefable e inquebrantable, una mejor calidad de vida para todos y todas.
Al respecto coincidirán conmigo que la transición demográfica es absolutamente valiosa e imprescindible a la hora de identificar la necesidad de establecer políticas públicas para nuestros adultos mayores, sin reducir por supuesto la transición demográfica a la mera variable de la edad, de manera tal de incorporar otras tales como aspectos sociales, culturales, socio económicos, de salud y de bienestar general.
América Latina debe toda trabajar desde el fortalecimiento político y democrático de la región, para generar normativas legales, jurídicas, de pleno derecho, que beneficien a sus mayores, demostrando madurez y voluntad política concreta y efectiva, para legislar en consecuencia sobre estas problemáticas.
Sabemos que una mejor calidad de vida de los ancianos requiere y reclama de modalidades de intervención que no se agotan en una o dos especialidades, sino que debe sumar al conjunto de sus profesionales, en un compromiso multidisciplinar y en un plan gerontológico integral.
En algunos países de América Latina o en muchos sectores de todos ellos, damos cuenta y tenemos conocimiento de la vulnerabilidad que sufren y padecen diariamente nuestros mayores. No podemos más que adjudicar esta situación por lo menos en forma importante, a la mala distribución de la riqueza y de los recursos e incluso en muchos casos por la desidia o la impericia de algunos gobiernos, administraciones de organizaciones en general, gubernamentales o no, frente a los desequilibrios sociales y la desigualdad de oportunidades. Estas realidades sólo se modifican cuando hay una política estatal activa pero también acciones concretas de toda la sociedad de sentirse parte de la problemática y responsable de encontrar respuestas para aquellos menos aventajados.
Una política pública para los adultos mayores debe formar parte de un plan sostenible de desarrollo humano, dónde se convoque como objetivo mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, pero en particular de los sectores sociales más vulnerables como lo son los adultos mayores, los niños y sectores pobres y marginales en general.
Enfrentar los problemas del envejecimiento como ya dijimos requiere de políticas con enfoques multidisciplinarios, que persigan la transformación social de todos y, en el caso de los adultos mayores, en sujetos activos, sujetos de derechos integrados e incluidos socialmente.
Debemos también propiciar el diálogo intergeneracional, trabajar sobre los aspectos culturales de la vejez, transformando los estereotipos en nuevas representaciones sociales de la ancianidad dónde ésta esté valorada y donde la experiencia y las habilidades con que cuenten nuestros mayores sean respetadas, integradas y aprovechadas por las nuevas generaciones en un círculo virtuoso.
Pero las políticas públicas, sociales, culturales, deben también diseñando, haciendo prevalecer la plena vigencia de los derechos de los adultos mayores y de todos los sectores más vulnerados de la sociedad. Para ello, todos debemos sentirnos convocados y comprometidos en acciones concretas, tanto particulares, como organizaciones de la sociedad civil, ONG(s), Iglesias, partidos políticos, profesionales de las distintas disciplinas, etc.
Si apelamos a un famoso slogan, los planes y programas a instrumentarse en América Latina debieran orientarse al pleno logro de una “sociedad para todos (y todas) las edades”. Pero este logro, no sólo es responsabilidad del Estado, sino también por ejemplo de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que deben procurar planes y programas que promuevan una representación social de la vejez como una etapa más del ciclo evolutivo, atendiendo a problemáticas de género en los adultos mayores, de diversidad étnica, cultural, económica, etc. Consustancias actividades que reconozcan y apoyen el empoderamiento de los adultos mayores, respetando y facilitando el despliegue de su potencial, reconociéndole un lugar protagónica y saludable dentro de la sociedad, con plena participación y ejercicio de sus derechos, procurando su desarrollo y el de toda la sociedad.
Conocer las distintas realidades que viven nuestros adultos mayores, de acuerdo a los distintos contextos, es el primer paso necesario, que permite repensar políticas y planes e instrumentar las medidas necesarias para poder actuar en forma beneficiosa con estos grupos.
También resulta de invalorable beneficio que nuestros gobiernos, nuestros representantes políticos, pero también toda la población en general, participe, debata, formule y reformule, evalúe y rectifique si fuera necesario políticas macro y micro económicas que muchas veces actúan en contra de programas sociales o que vulneran derechos o no satisfacen necesidades.
Para poder llevar adelante estos planes y programas no sólo es necesario la voluntad política, la participación y compromiso de parte del Estado, Organizaciones y la gente en general, sino que hacen falta recursos y contextos que faciliten su implementación, que promuevan y fomenten investigaciones y estudios que permitan sistematizar, corregir e implementar cada vez mejores programas o llevar a la práctica novedosos resultados del campo de la investigación.
Desde el ámbito educativo, fomentar la formación de especialistas y profesionales en gerontología, incorporar el tema del envejecimiento a la currícula de distintas profesiones, posicionar el tema de los adultos mayores de forma transversal de manera de que todos podamos involucrarnos en estas temáticas y despertar el intereses y el conocimiento de toda la población, capacitar a los adultos mayores, llevando adelante políticas de educación continua, inclusivas y, orientada a crear espacios dónde el adulto mayor pueda desplegar sus capacidades, potencialidades y logar cada vez mayor autonomía y bienestar.
Promover el desarrollo de los adultos mayores mediante la difusión de métodos y técnicas grupales de abordaje, que le permita a este sector poblacional, una plena participación e integración, capacitar a los adultos mayores y a las organizaciones de ancianos en el diseño, gestión, aplicación e instrumentación administrativa en proyectos sociales de desarrollo.
Todos y todas, el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad y la comunidad en su conjunto, debemos trabajar en forma articulada, pero sin pausa, en forma sistemática y consciente, de manera tal de poder enfrentar las próximas décadas y el envejecimiento poblacional sostenido que incluso se incrementará y que hoy ofrece tamaño desafío.
En cuanto a la República Argentina, las estadísticas ya nos dicen que es uno de los tres países junto a Cuba y Uruguay, con mayor índice de envejecimiento. Si comparásemos la pirámide poblacional de la Argentina del año 2000 con la proyectada para el 2025 o aún 2050, veríamos como se acentúa en forma acelerada el proceso de envejecimiento poblacional, fenómeno que comenzó a tomar cierta visibilidad en nuestro país recién en los últimos veinte años. Se espera (CELADE CEPAL, 2009) un envejecimiento demográfico de la población mayor de sesenta años del 16,9% y del 24, 7% para el 2050.
En los últimos veinte o veinticinco años se ha producido en la Argentina, en forma paralela a este crecimiento poblacional, dos períodos bien diferenciados en cuanto al rol del Estado y las políticas públicas, sociales y económicas.
Un primer período que podemos asimilar a toda la década del noventa del pasado siglo y a los primeros años del presente, dónde teníamos un contexto de franca crisis retracción del Estado de Bienestar, concentración del ingreso, un modelo político económico neoliberal y un franco proceso de desindustrialización en todo el país. La sociedad sufrió un proceso importante de desfragmentación social y de desestabilización de los ingresos, dada la precarización, flexibilización e informalidad de las políticas de empleo y trabajo, generando un empobrecimiento social en general, dónde muchos derechos sociales se encontraban “desactivados”, con un ejercicio de la ciudadanía bastante pobre. Las políticas eran de disciplinamiento, repliegue y redireccionamiento de los recursos.
Tras este período a comienzos del 2003 y hasta la fecha nos encontramos transitando un período de reconstrucción y presencia del Estado, con políticas redistributivas del ingreso, bajo una modalidad popular y nacional con fomento de la industrialización. No sólo el Estado, sino muchas organizaciones en general y amplios sectores populares trabajan arduamente en la reconstrucción del tejido social y de alcanzar el objetivo básico de una mejor calidad de vida para todos. Desde las políticas de empleo y trabajo hay una revalorización del trabajo digno y de lo crucial que éste representa para la organización vital de las personas. Se han establecido variados programas de inclusión social tales como la asignación Universal por Hijo, Procrear, tan sólo por citar algunos. En cuanto a los derechos sociales se promueven que los mismos se encuentre activos poniéndose eje en los derechos humanos y el ejercicio pleno de los derechos cívicos, revalorizando la política y la participación social y ciudadana.
Por supuesto que no sostenemos que la Argentina es hoy un paraíso, pues está muy lejos de serlo, pero, es evidente, notorio y palpable, los cambios de paradigmas, políticas, gestiones y resultados entre uno y otro período.
En cuanto a los adultos mayores, en el primer período el imaginario social del anciano es atravesado por la lógica de las políticas implementadas, invisibilizando y negando la vejez, frente a la exacerbación de la juventud, los logros individuales y el desprecio a cualquier logro colectivo. El tejido social quebrado fortaleció la imagen del viejo descartable inútil y decrépito reforzándose los estereotipos negativos del viejismo.
En este primer período se crearon las AFJP, modificándose el sistema previsional, creándose un sistema mixto que rompió el esquema de solidaridad intergeneracional por una supuesta responsabilidad y capacidad individual para generar su propio fondo de pensión. La precariedad e informalidad laboral, junto a condiciones más estrictas para acceder a la cobertura previsional hicieron que muchos adultos mayores, debieran seguir trabajando librado a la suerte de sus capacidades físicas y estado de salud. Los salarios de los jubilados fueron congelados por más de diez años, generando más pobreza en detrimento de la calidad de vida y del bienestar.
Otra consecuencia de las políticas implementadas fue el alto índice de desempleo que hizo que muchos adultos mayores debieran contribuir con sus ya magras jubilaciones al sostenimiento económico del grupo familiar.
Si bien en este período se crearon varios programas asistenciales para los adultos mayores como el Programa ASOMA, PROBIENESTAR, Plan Nacional de Ancianidad, se creó la Secretaría de la Tercera Edad, el Programa Federal de Salud PROFE, etc., la corrupción, la negligencia y el clientelismo político signó esta etapa.
En 1994 se sanciona la Ley Nacional 24417 por la cual se equipara al adulto mayor con los menores, incapaces y discapacitados, reforzando de esta manera nuevamente el paradigma del viejismo.
Lo que nos interesa destacar es que, más allá de estos pocos datos aportados sobre algunas políticas relacionados con los adultos mayores, las adversidades que padeció este sector de la población durante este primer período nada tiene que ver con el envejecimiento sostenido, sino que tiene que ver fundamentalmente con el rol pobre, distante y poco presente que ocupó el Estado, dejando prácticamente fuera de su protección a gran parte de la población.
A partir del 2003 se inicia en la Argentina un nuevo período dónde los adultos mayores tendrán un mayor protagonismo en los procesos de cambio. El Estado comienza a recuperar sus incumbencias, por otra parte indelegables. Las políticas públicas en general giran en torno a la recuperación o el agregado de nuevos derechos y en torno a una creciente inclusión social. Se busca reconstruir el tejido social dañado, reconstruir el mercado laboral, promover el consumo y reactivar la industria nacional. De esta manera el trabajo volvió a convertirse en herramienta de integración social y de pertenencia, y como medio eficaz para acceder al bienestar.
En cuanto a los adultos mayores las políticas efectivas de inclusión social comienzan a llegar. Se aumentan las jubilaciones y en el 2005 se incorporan 2.500.000 de personas a la Seguridad Social. Las pensiones no contributivas que incluyen a personas mayores de setenta años, incorporan mas de un millón de personas al sistema previsional y se establece por Ley la Jubilación Anticipada y la Jubilación de Amas de Casa incorporan un millón y medio de personas mas.
Millones de adultos mayores de esta manera comienzan a acceder a bienes y servicios, fortaleciendo la política de consumo interno propiciada por el gobierno. Según registra el INDEC la incidencia de la pobreza descendió del 27,2% al 3,5% entre los adultos mayores al año 2009 y la indigencia en las personas mayores se redujo del 10% al 0,8%. Si consideramos con exclusividad a los adultos mayores, los pobres estructurales son los menos y los nuevos son pobres que han contado con recursos escasos durante toda su vida, lo cual habla de la irreversibilidad de esta condición como problema que persiste a pesar de estas políticas.
Por su parte en contextos de pobreza, el efecto de la redistribución de las jubilaciones ordinarias y de pensiones no contributivas es muy importante, dónde en muchos hogares, estos ingresos representan el único disponible par ese grupo familiar. Como contrapartida, en general la mujer cuando queda viuda mejora sus ingresos contando con su propia jubilación más la pensión correspondiente por su cónyuge.
Una buena política a implementar es facilitar el acceso a microemprendimientos, cooperativas de trabajo, capacitación en oficios, dónde los adultos mayores pueden desplegar la transferencia de sus saberes a otros grupos etarios.
En este segundo período se eliminan las AFJP, siendo los fondos previsionales administrados por el ANSES, recuperándose el sistema solidario e intergeneracional de seguridad social, base sobre el que fue construido e implementado. En este período se tomó la decisión política de universalizar la cobertura previsional a todas las personas mayores
Con la Presidencia de Néstor Kirchner en este período la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores pasa a depender del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene una mirada holística y más gerontológica sobre el Adulto Mayor. Es así que el Adulto Mayor recupera su condición de sujeto histórico, activo y de derechos.
En cuanto a Programas vigentes dentro de este período podemos nombrar Cuidados Domiciliarios, Voluntariado Social para Adultos Mayores, Prevención de la Discriminación, el Abuso y Maltrato hacia los Adultos Mayores, Centro de Día para Adultos Mayores, la Experiencia Cuenta, etc., sólo por nombrar algunos.
El derecho a la salud y al bienestar es un derecho de todos los adultos mayores, no obstante, todavía el 17% de la población no posee cobertura social médica. Aunque puede suplir la misma si se es pobre, concurriendo a un hospital público, se encuentra con algunos problemas tales como la falta de una atención especializada, la falta de insumos, la imposibilidad de comprar los remedios, el transporte para llegar hasta el hospital, etc.
Por otro lado, si por un lado el ingreso de muchos adultos mayores a la cobertura social ha representado un beneficio importante, por otro lado ha elevado considerablemente la necesidad de atención en las obras sociales, especialmente PAMI, que frente al gran número merma en su capacidad de respuesta, produciéndose demoras y baja en la calidad de la prestación de salud.
El Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios que se instrumenta desde el año 1996 es fundamental a la hora de que el anciano pueda envejecer en su casa. A tal efecto el Ministerio de Desarrollo Social ha llevado adelante cursos de capacitación en cuidados domiciliarios para personas discapacitadas que pueden evitar la institucionalización, no obstante, esta posibilidad es bastante ajena para aquellos ancianos en contexto de pobreza, teniendo más fácil acceso los adultos mayores de clase media. Estas políticas sociales no están suficientemente desarrolladas a lo largo de todo el territorio nacional. Por este motivo o no se brindan o quedan en manos privadas a las cuales no todos los hogares tienen acceso.
En cuanto a las Residencias de larga estadía, el Estado cuenta con pocas y la mayoría son privadas o acceden sólo quienes tienen cobertura social. En general, estas residencias cuentan con equipos interdisciplinarios pero no suelen tener por ejemplo gerontólogos, lo cual refuerza la necesidad de formar recursos humanos en esta dirección. Una buena acción del Estado podría ser crear la carrera de Gerontología en el ámbito de una universidad estatal, de manera tal que facilite el ingreso a personas que no pueden pagar sus estudios en el ámbito privado. Es justo señalar que existe la carrera de especialización en gerontología comunitaria e institucional que es de carácter público, gratuita y federal, pero es un posgrado por el cual sólo esta abierta a profesionales universitarios como especialización.
Volviendo a las Residencias Geriátricas, el Estado también ha implementado cursos de capacitación para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los residentes. La idea es poder modificar el sesgo asilar, no obstante, estas instituciones suelen presentar algunas problemáticas. También presenta el sector vacíos en cuanto a regulaciones que rijan estas instituciones y una falta de fiscalización sobre el respeto a los derechos de los residentes en dichos contextos.
En definitiva, en este segundo y actual período por el que transita la Argentina, los Adultos Mayores, se encuentran más visibilizados, son sujetos activos, sujetos de derechos. No obstante, como ya dijimos anteriormente, esto no significa que todo funcione de para bienes y muchas de estas buenas políticas tienen sus fallas, no poseen controles o no cumplen exactamente con el objetivo por las cuales fueron creadas.
Pero, es digno de destacar que en este período en la Argentina se ha consolidado un movimiento de mayor participación política, debate y ejercicio de los derechos, por el cual, esta espiralada de participación social y política, resulta una buena garantía para la prosecución de los cambios todavía necesarios y para la profundización de las políticas que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos y todas las personas y, en especial, de aquellos que nos ocupan, que son los adultos y adultas mayores.
Muchas gracias.
* Director CESA – Centro de Estudios Sociales Argentino – CESA Gerontología